México: descomposición estatal y subordinación al imperialismo

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Por Jimena Vergara 

Detrás del asesinato y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, está el desgarramiento de las contradicciones profundas del capitalismo semicolonial mexicano. La absoluta subordinación de México al vecino del norte en materia económica, política y de seguridad, que inició su ciclo recolonizador a mediados de los años noventas del siglo pasado con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, ha generado un caldo de cultivo propicio para los monstruosos fenómenos sociales que aquejan al país: la militarización, la asociación del Estado con el narco, la trata de personas, la migración, los feminicidios y la ascendente pauperización de los niveles de vida de las masas obreras y populares. Se hace imperativo que, la lucha por la aparición con vida de los normalistas y contra la represión que ha cimbrado a un amplio sector de las clases desposeídas, abrace una perspectiva antimperialista que cuestione, no solo el carácter bárbaro de la degradada democracia mexicana, sino su contenido social.

México “tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”

El primero de enero de 1994, entraba en vigor el [i], al mismo tiempo que la rebelión zapatista estallaba en el sur del país al grito de ¡Muera el mal gobierno! Si bien la lucha indígena y campesina encabezada por el EZLN y abrazada por cientos de miles en todo el país abrieron la posibilidad de quebrar el dominio del priato desde abajo, esta oportunidad fue abortada y se profundizó el ciclo de recolonización del país, cuyo correlato político fue la llamada “transición democrática”.

Dicho ciclo estableció un desarrollo desigual y combinado muy particular, ya que México comparte 3200 kilómetros de frontera con Estados Unidos. De tal suerte que, el proyecto de integración en términos de subordinación a Estados Unidos presenta características donde la presión y penetración imperialista se dan de manera extrema.

Hablamos de un corredor fronterizo que se retroalimenta en dos direcciones: México exporta mano de obra, materias primas y estupefacientes a la potencia del norte mientras Estados Unidos exporta una cantidad masiva de capitales que oxigenan el corredor maquilador, así como la industria minera, petrolera, el turismo, los clusters, los agrobussines y las industrias turísticas legales e ilegales como la trata, el tráfico de órganos y la prostitución.

Este ciclo de intercambio y flujo de personas, mercancías y capitales, le da a los sectores económicos ilegales características particulares y ha incentivado la disputa por el control territorial y comercial de los diversos nichos económicos que se reproducen en los “márgenes” del estado pero, al mismo tiempo, en asociación – económica y política- con distintos niveles del mismo.

Esta disputa ha devenido en fenómenos monstruosos como el feminicidio, la trata y en el hecho de que el llamado crimen organizado, actúe también mediante grupos de choque o paramilitares contra las clases desposeídas y en particular sectores opositores, como se demostró en el secuestro y asesinato de casi una centena de migrantes en Tamaulipas que fueron torturados y ejecutados por el narco. O más recientemente en contra de luchadores sociales, como en el caso de los normalistas asesinados y desaparecidos con la colusión del narco, la policía local y el ejército. Pocos días antes de escribir estas líneas, Gustavo Salgado Delgado, dirigente del FPR[ii] en Morelos, fue secuestrado, torturado y decapitado por un comando armado.

Como plantea la revista Proceso en su edición de la segunda semana de octubre del 2014, en varios estados

(…) se ha formado esta nueva figura del cogobierno entre el grupo político predominante y los grupos del crimen organizado, que han entrado en un proceso de simbiosis para erguirse como un solo cuerpo que todo lo domina y todo lo controla dentro del propio sistema de instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Si en el caso de Michoacán se descubrió que los Caballeros Templarios habían llevado al poder al priista Fausto Vallejo, invirtiendo en su campaña e inhibiendo el voto a la oposición, en Guerrero el caso del perredista Ángel Aguirre Rivero no es tan diferente con sus vínculos con los grupos del crimen organizado del estado, como Guerreros Unidos o el cártel de Acapulco, donde aparecen algunos de sus familiares. (Gil Olmos: 2014)

En esta simbiosis, yacen las claves de la definición, que compartimos con varios analistas, de que estamos ante una verdadera descomposición de la estructura estatal. Esto implica que

En esta nueva entidad en la que cohabitan políticos y jefes de los cárteles, el grupo criminal impone su ley mediante el terror, amenazas, ejecuciones o desapariciones de todos aquellos que les estorban. Su control es absoluto y pasa por encima de los derechos humanos, de los medios de comunicación y de los movimientos sociales cuyos líderes son perseguidos y sojuzgados por la fuerza de las armas. (Gil Olmos: 2014)

El rol de distribuidores privilegiados de cocaína, anfetaminas y marihuana a Estados Unidos, le ha conferido un poder desorbitado a los cárteles mexicanos que, como dicen muchos analistas, son grandes corporaciones capitalistas de carácter global, aunque no tradicionales, que actúan en varios países. En última instancia el mercado de estupefacientes y otras industrias ilegales, genera una cantidad masiva de capital, de manera expedita, que después es puesta en circulación mediante el “lavado de dinero” y la inversión en negocios de carácter legal.

El proyecto de nación defendido por Enrique Peña Nieto (EPN) en sus alocuciones públicas se basa en la utilización de la estructura estatal para garantizar la subordinación económica al imperialismo, la reproducción del capital ilegal del narco y reprimir y contrarrestar el descontento social con métodos brutales.

El sustento económico de dicho proyecto llevó al gran acuerdo en las alturas llamado “Pacto por México” que aprobó las reformas estructurales, en particular la energética, concesionando el petróleo y los hidrocarburos no convencionales a las trasnacionales norteamericanas. La eficacia con la cual EPN logró disciplinar a todas las fuerzas políticas y hacer pasar las reformas, lo postuló como el nuevo “modernizador” de América Latina, mientras escondía “debajo de la cama” la cuestión de la seguridad que dejó abierta y como foco rojo el gobierno de Calderón. Dicho proyecto, plantea varias contradicciones al capitalismo semicolonial mexicano que, por un lado, durante los 20 años de TLC se transformó en un gran exportador de manufacturas para la cadena de ensamblaje norteamericana, y por el otro, mantiene el crecimiento promedio del PIB más bajo de América Latina.

Esto se debe a que, en la economía mexicana, coexisten las dinámicas ramas productivas ligadas a las transnacionales y al mercado norteamericano, que lograron en los años previos configurar a México como el “Tigre Azteca” según el Financial Times, con aquellas subsidiadas de bajísima productividad, basadas en las pequeñas empresas ensambladoras y amplios sectores productivos (en la industria y el agro) hundidos.

En última instancia, el programa de EPN para catapultar a México, combina la entrega de los recursos naturales y estratégicos del país con  la captación preponderante de inversión extranjera directa, atrayendo al capital a partir de una fuerza laboral de bajísimo costo (inclusive en comparación a los niveles salariales chinos) y las ventajas fiscales y logísticas – proximidad con Estados Unidos- que les otorga.

La base social del régimen de la alternancia

Las consecuencias de 20 años de TLC no sólo se expresan en los fenómenos de barbarie a los que nos referimos antes, sino también en la existencia de una base social, reclutada fundamentalmente en los sectores medios acomodados y altos, para el PRI y del “proyecto de nación” del Pacto por México, el cual sancionó en menos de dos años el conjunto de las reformas estructurales. Esta base social, en las décadas previas, se alimentó del “derrame” de altos salarios industriales en los clusters, que benefician fundamentalmente a ingenieros y tecnólogos, junto a los sectores acomodados  de las clases medias que motorizan el consumo en México, favorecidos por el proyecto recolonizador.

Según el Instituto Nacional del Emprendedor que depende de la Secretaría de Economía, este sector “ha tenido en México el mayor crecimiento de la región desde 2000 y atender sus necesidades ofrece grandes oportunidades de negocios. En la década pasada, la clase media en Latinoamérica creció 50% y México registró el mayor aumento en términos cuantitativos”. Se trata de las llamadas “clases medias globalizadas” cuyos estratos más altos mantienen grandes niveles de consumo (ver cuadro 1) y cuyos sectores más bajos se han ido pauperizando paulatinamente, pero son estimulados a comprar mediante los créditos bancarios y otras estrategias de mercado.

Cuadro 1: Tomado de https://www.inadem.gob.mx/que_busca_la_clase_media.html

Estos sectores sociales fueron, como decimos, la base del régimen político y en particular de las iniciativas más reaccionarias como el Pacto por México. En las condiciones actuales la crisis política -que se combina con tendencias a la retracción económica con niveles de crecimiento paupérrimo del PIB- y la emergencia de una oposición en las calles  está polarizando a las clases medias y llevando a algunas de sus franjas a exigir la presentación con vida de los 43 normalistas; pero al mismo tiempo son partidarios de la idea de que no hay salida para México si no es en vinculación con Estados Unidos; en última instancia, le exigen al gobierno que ataque la violencia para generar “gobernabilidad” y garantizar el pacto con las clases medias altas que significó el neoliberalismo basado en el consumo. El proyecto de subordinación a los EE.UU. todavía tiene un importante punto de apoyo y fortaleza en la unidad existente en torno a ello en la gran burguesía mexicana y en los sectores medios altos que se beneficiaron del mismo.

Pero junto a ello, amplios sectores de la clase media (intelectuales, profesionistas y sectores  pauperizados de las mismas), parte de los cuales ya habían nutrido las movilizaciones anti-Peña Nieto organizadas en torno al #Yosoy132, se han sumado al movimiento en oposición al gobierno, lo cual es una expresión clara de la polarización social catalizada por la presente crisis política. Esta efervescencia de un sector de la clase media, es la que intenta canalizar López Obrador y el MORENA, con un programa de elecciones anticipadas para sortear la crisis y un proyecto “antineoliberal” que cuestiona los ritmos y profundidad de la entrega.

El gigante dormido

En los últimos años, los principales antagonistas al gobierno y en muchos casos antagonistas también a la subordinación al imperialismo han sido sectores campesinos y/o los pueblos originarios. Esto se verifica en la denodada resistencia contra el despojo a las comunidades, la defensa de la tierra y los recursos naturales por parte de las comunidades indígenas o los múltiples enfrentamientos contra la rapiña de las trasnacionales en el México rural. Desde la emergencia del movimiento #YoSoy132, es la heroica juventud trabajadora y estudiantil la que encabeza el proscenio, solidarizándose activamente con las luchas justas de los desposeídos como en la primavera magisterial del 2013 y más recientemente en las imponente manifestaciones de solidaridad con los normalistas. El movimiento obrero por su parte, después de años de ofensiva y atomización, ha quedado inerme ante la ofensiva capitalista, salvo sus sectores más activos.

La reconfiguración del mundo del trabajo acaecida durante la ofensiva neoliberal, implicó elevados niveles de explotación extensiva para garantizar altas tasas de ganancia e hizo que la mayor parte de los trabajadores en México quedaran por fuera de la órbita de las organizaciones sindicales para forjar un enorme ejército precario.

Según la ENEO[iii], para el último trimestre del 2014, la población ocupada en México es de casi 50 millones de personas, frente a una población de 119 millones. De esta población ocupada, solo un bajo porcentaje está bajo un régimen contractual (sindicato), lo cual incluye a los sindicatos estatizados como la CTM y el CT[iv] que en muchos casos se trata de sindicatos blancos.

De estas casi 50 millones de personas, según datos también del último trimestre del 2014, casi siete millones de personas están empleadas en el sector primario (extracción de materia prima como ganadería, agricultura, etc), doce millones de personas en el secundario (industria, energía y extracción minera) y treinta millones en el sector terciario (servicios).

Estos datos arrojan que son 12 millones de trabajadores industriales (descontando un porcentaje pequeño de empleados que más bien ocupan cargos gerenciales o son tecnólogos) y 30 millones de trabajadores de servicios.

De estas cifras, el CAM[v] calcula que en la actualidad, son solo 10 millones de trabajadores los que se encuentran bajo el régimen de contratación colectiva y unos 40 millones de trabajadores precarios. Y según datos del mismo CAM, el desempleo actual en México es de 8 millones de personas y el empleo temporal es de 500 mil personas; contra los índices gubernamentales que plantean un desempleo de 2 millones de personas.

Se trata de un proletariado en condiciones muy precarias, con altas tasas de explotación, niveles salariales muy bajos y una baja tasa de sindicalización. El CAM por ejemplo plantea que serían casi 30 millones de asalariados los que trabajan más de 48 horas semanales.

Como un primer esbozo, podemos decir que los trabajadores mexicanos y en particular el proletariado industrial se concentran en entidades como el Estado de México, la zona del Bajío con sus clusters y sus armadoras automotrices y el norte maquilador. Se trata de una potente fuerza laboral adormecida  que viene de muy atrás en su conciencia, organización y acción. Además, estamos hablando de una clase obrera atenazada por sus propias dirigencias sindicales que, integradas por completo al régimen, coadyuvaron al proceso de vaciamiento de los sindicatos y a la proliferación de sindicatos blancos o propatronales.

Esto quiere decir que, a pesar del fuerte desempleo y la profunda reconfiguración del mundo del trabajo, México cuenta con un batallón de asalariados (en particular industriales) muy importante en relación a América Latina y que junto a sus aliados en servicios y educación constituye una fuerza social específica enorme. El incendio espontáneo de una planta de la compañía taiwanesa Foxconn[vi] en Ciudad Juárez Chihuahua por parte de sus trabajadoras inconformes por los despidos en 2011; la denodada resistencia de los trabajadores del STUHM[vii] por el reconocimiento de su sindicato en El Salto Jalisco, la lucha de los trabajadores huleros de Euzkadi a inicios de la primera década del siglo, que llevó a la formación de la cooperativa Tradoc, las duras luchas mineras de los últimos años y de trabajadores universitarios en distintas latitudes del país, pueden estar preanunciando un lento pero significativo desperezamiento de la clase obrera mexicana. Cabe la responsabilidad a la izquierda marxista por darle una preponderancia específica a estos síntomas, en el contexto convulsivo de la realidad nacional.

 

¿A dónde va México?

En perspectiva, la crisis política y estatal abierta por el asesinato y desaparición de los normalistas, por su profundidad, será difícil de conjurar. Uno de los elementos más retardatarios del proceso es el retraso del movimiento obrero en México con respecto a otros sectores en la lucha de clases, como el campesinado, los pueblos originarios o el movimiento estudiantil. Por ello es un síntoma muy auspiciante, el paro de 24 horas del 20 de noviembre del 2014 protagonizado por el Sindicato Nacional de Telefonistas de México y su participación decidida en las manifestaciones de solidaridad con Ayotzinapa, junto a varios batallones de la UNT y la NCT[viii].

Al mismo tiempo, en función de que todavía no está puesto en juego el cuestionamiento al Estado por la dependencia y subordinación al imperialismo norteamericano, es fundamental desplegar, en el seno del movimiento, las demandas antimperialistas que cuestionen el sustento económico y político del “proyecto de nación” de Peña y los de arriba, que plantee la ruptura del TLC y todos los pactos económicos, políticos y de seguridad con Estados Unidos.

La entrada a escena del movimiento obrero mexicano que tiene un pie en México y otro en Estados Unidos adquiere una importancia de primer orden para que las grandes mayorías puedan forjar una salida de fondo y verdaderamente antagónica al capitalismo semicolonial mexicano. La construcción de una herramienta capaz de materializar la estrategia marxista no puede escindirse de la tarea de insertarnos en el movimiento obrero, llevando las ideas socialistas a sus propias filas y fusionando al marxismo revolucionario con el poderoso proletariado, condición para que el México bronco y profundo se levante y haga temblar desde sus cimientos y derrote el poder de la burguesía y las transnacionales.

Notas

[i]               Tratado de Libre Comercio de América del Norte

[ii]              Frente Popular Revolucionario

[iii]              Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación

[iv]              Confederación de Trabajadores de México y Congreso del Trabajo respectivamente.

[v]              Centro de Análisis Multidisciplinario que tiene un Programa de Investigación en la Facultad de Economía sobre clase obrera, empleo y salario.

[vi]             Foxconn produce y ensambla para Apple, centralmente, y otras compañías de high-tech como        Samsung. Suma 140 millones de asalariados en todo el mundo.

[vii]             Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México

[viii]            Unión Nacional de Trabajadores y Nueva Central de Trabajadores respectivamente.

Fuentes

Gil Olmos José: “El terror del narco estado” en Revista Proceso, 8 de octubre de 2014.

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