Megaproyectos y Reforma Energética: bajo la sombra del imperialismo

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Por Mariana Lira y Daniel Muñoz

El imperialismo norteamericano, en el contexto de la crisis económica, ha desatado una ofensiva sobre su patio trasero que ha sido históricamente América Latina. Una ofensiva que es llevada y ejecutada por los gobiernos de cada país, mediante reformas que permiten el despojo, la entrada de grandes capitales y la entrega de los recursos naturales a las transnacionales. México se ha convertido en uno de los países más atractivos para el imperialismo dado que el costo de la mano de obra es muy bajo, y ahora que el gobierno peñista le ha puesto la ley al servicio de sus intereses con las expropiaciones legales apunta a clavar más aun sus garras.

El avance de la acumulación y reproducción del capital en el contexto de la crisis económica

Existen múltiples elementos que evidencian que el orden social global capitalista está en crisis a nivel internacional. Se comprueba en el débil crecimiento de la economía, las tensiones geopolíticas, la perdida de hegemonía del imperialismo estadounidense en Medio Oriente, el desarrollo de la primavera árabe, las luchas encabezadas por la juventud en España, Chile, México y otros países, las huelgas generales en la misma Unión Europea, el aumento en la pobreza a nivel mundial, la devastación ambiental y recientemente la baja del precio del petróleo crudo. Lo que comenzó en el 2008 con la caída de Lemman Brothers es resultado de la contradictoria forma de reproducción del capitalismo.

A casi 7 años no ha logrado superar la crisis. De ahí que el capitalismo acentúe la extracción de plusvalía de los trabajadores en primer lugar, e intente configurar nuevos nichos para garantizar su reproducción. Esto ha implicado por ejemplo, el despojo de tierras a los pueblos originarios y diversas comunidades agrarias, en particular en el mundo semicolonial, un proceso que el pensador marxista David Harvey denomina acumulación del capital por desposesión.

David Harvey argumenta que lo que Marx llamó acumulación originaria no era un proceso sucedido sólo una vez en la historia del capitalismo sino que lo sigue haciendo con métodos cuyas similitudes remiten a la acumulación originaria en tanto la violencia que necesitó, como el robo, mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de poblaciones campesinas, etc. Él señala que en el capitalismo contemporáneo la incapacidad de la acumulación del capital mediante la reproducción ampliada (explotación del trabajo vivo en el proceso de producción) lo ha llevado a acumular mediante el despojo para subsumir las crisis. Harvey explica que desde la época neoliberal hasta ahora los procesos de acumulación por este medio se han incrementado, como el despojo de tierras [1]. Es así que, para él, el imperialismo ha reconfigurado sus métodos y esta dinámica de acumular a través de la desposesión es  lo que distingue al “nuevo “imperialismo.

A pesar de que el concepto de acumulación por despojo permite entender otros métodos en los que la burguesía se hace de más capital -como el despojo de tierras para los megaproyectos- el mismo tiene que tomarse de manera crítica.

Desde nuestro punto de vista, el concepto es útil para explicar los métodos que utiliza el capitalismo para hacerse de nuevos nichos de reproducción:

Sin embargo, consideramos que, a nivel general, lo preponderante en el capitalismo contemporáneo para garantizar el crecimiento de la tasa de ganancia, continúa siendo la extracción de plusvalía que se da en el proceso de trabajo.

Desde nuestra perspectiva, Harvey tiende a absolutizar el despojo de tierras como la forma sine qua non de este llamado “Nuevo imperialismo”, poniendo un signo igual entre las formas parciales que tiene el capitalismo para recomponerse, respecto a la base estructural que da sustento a la reproducción capitalista en su fase imperialista.

Harvey considera que el despojo de tierras se da para acumular más capital pero no desglosa que la acción del capitalista no termina ahí ya que tales tierras las explota con fuerza de trabajo, condición necesaria para que ocurra efectivamente la reproducción. Estas tierras no necesariamente son utilizadas en agricultura sino para construir sobre ellas parques industriales, hoteles, megaproyectos, etc. que al final, al igual que las tierras, son medios de producción en donde se explota la fuerza de trabajo de manera constante, lo que genera la ganancia al capitalista.

De lo anterior se desprende que la cantidad de capital acumulado por el despojo de tierras por sí mismo es menor que el capital acumulado por la extracción de plusvalía, ya que el primero no se da temporalmente de la misma forma que el segundo, es decir, el trabajador en tanto objeto en el proceso de producción es despojado de su fuerza de trabajo;  mientras una hectárea de tierra, temporalmente, sólo se despoja una vez a quien la posea. Así la plusvalía es extraída a diario de manera individual y colectiva, al conjunto de la clase obrera.

Históricamente, el capitalismo ha avanzado a través del despojo de tierras y recursos naturales, como una forma más –pero no la única, ni la central– de acumulación e incremento del capital de las burguesías. Actualmente los capitalistas recurren a la acumulación por desposesión a la par que continúan su ataque a la clase trabajadora con sus tradicionales formas para acumular ganancias como los despidos, bajar los salarios e incrementar la jornada de trabajo.

Es en ese marco que puede entenderse el aumento de megaproyectos en América Latina. Para el imperialismo estadounidense en crisis es indispensable recomponer su hegemonía. Requiere expandir sus mercados a otras zonas geográficas, aumentar el dominio en su patio trasero y necesita de los recursos naturales que están en América Latina. Por esta  razón a nivel regional se han impulsado políticas privatizadoras de los hidrocarburos, agua, energía eléctrica y la minería.

En  las garras de los megaproyectos

Los megaproyectos son una útil y redituable forma de acumular más capital. Construcción de megacomplejos turísticos, represas e hidroeléctricas, redes de transporte como autopistas, trenes, puentes y aeropuertos, el desarrollo de la industria minera, eléctrica y petrolera; son ejemplos de megaproyectos que se están impulsando en  Latinoamérica con el apoyo de los gobiernos, incluidos los “progresistas”[2]

Las transnacionales invierten construyendo la infraestructura necesaria para aumentar ganancias. Esto es todo un negocio: no por nada la industria de la construcción representa alrededor del 13% del PIB mundial. En México se planean construir 25 nuevos megaproyectos por infraestructura [3] impulsados por la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC). Se levantan enormes parques industriales y las constructoras -muchas españolas- se benefician doblemente porque utilizan mano de obra barata  y desechable: a los trabajadores del sector  se les pagan salarios precarios en condiciones laborales pésimas y pocas veces con seguridad social.

En cuanto a la minería, una quinta parte del país está concesionada a alguna empresa privada -la mayoría financiadas por capital canadiense-. Ya durante el sexenio pasado, el gobierno panista dejó 70 megaproyectos hidroeléctricos, 4 presas y más de 170 mil personas desplazadas forzadamente de sus territorios. Además están los enormes complejos turísticos  construidos en reservas naturales sin importar la alteración de las relaciones sociales-naturales.

El gobierno juega del lado de las transnacionales, agudizando la subordinación al imperialismo estadounidense, modificando los marcos jurídicos para que los bienes comunes pasen a ser propiedad privada y poniendo a las fuerzas represivas del estado[4] al servicio de contener los movimientos campesinos y populares de resistencia.

Reforma Energética

El agotamiento de las minas de hidrocarburos en Estados Unidos ha llevado a la caída en la producción de hidrocarburos no convencionales y a que las empresas busquen nuevos sitios donde invertir. Parafraseando a la investigadora Aroa de la Fuente, existe un lobby conformado por las empresas norteamericanas y apoyado por su gobierno que promociona estas actividades en otros países como Argentina, México y algunos confines de Asia.

En paralelo, en México se ejecuta la reforma energética (RE) junto a una tecnología agresiva como el fracking. “El argumento era que Pemex no tiene actualmente las capacidades técnicas para explotar estos tipos de yacimientos, y que necesitamos que vengan las empresas privadas extranjeras a traer esa técnica y explotar ese tipo de hidrocarburo para revertir la caída en la producción, que se observa desde 2004″ señala la investigadora.

Esto ejemplifica cómo el gobierno de Peña Nieto  está al servicio del imperialismo. La RE trata de 21 leyes secundarias y algunos reglamentos que cambian la dinámica del sector energético mexicano. PEMEX pasa a ser una empresa más, compitiendo con transnacionales para realizar proyectos de explotación y exploración. Mientras, la población seguirá pagando altos precios  por los energéticos. Textualmente, las modificaciones a las leyes estipulan:

(…) las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos (…) se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas (…) La ley preverá los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva. (Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8º, 2015)

Significa que con el argumento del “interés social y orden público”, el Estado tiene ahora las facultades legales para apropiarse de un territorio y explotarlo en beneficio de las  transnacionales petroleras sin importar si este territorio es parte de un pueblo, comunidad, ranchería o reservas ecológicas. A cambio, la ley ofrece una “indemnización” que en los hechos se traducirá en raquíticos pagos simbólicos a los afectados que ni siquiera cubrirán las perdidas causadas. Esto ya pasaba en todo el país desde que las leyes análogas le dieron entrada a la industria minera dejando a su paso  miles de despojados en lucha por su derecho a la tierra, a los recursos naturales o por indemnizaciones justas. En resumen, la ley ahora legaliza el despojo de tierras para ser entregadas a la s grandes empresas capitalistas.

También la RE obliga a los propietarios a “prestar” sus tierras a las transnacionales cuando se sospeche de la existencia de hidrocarburos en el subsuelo, a cambio de una renta que no aparece determinada en la legislación secundaria. Y si en la negociación de la “ocupación temporal” no hay un arreglo entre las partes, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano podrá mandar un juicio donde un juez podría ordenar la “servidumbre legal” donde se corre el riesgo de que se expropie el terreno a un menor valor del original y justo.

Este andamiaje de recolonización se sigue construyendo como lo muestran los recientes intentos de aprobar la Ley General de Aguas, necesaria para las empresas nacionales y extranjeras que explotarán los hidrocarburos, que restringe el derecho al agua a 50 litros por persona, permite que el sector privado preste el servicio público del agua, otorga concesiones de megaproyectos hidráulicos, permite la contaminación de ríos “siempre que no rebasen la capacidad de asimilación”, el uso de la fuerza pública para ejecutar las obras de Conagua, el desplazamiento de pueblos originarios y campesinos, así como impide el uso científico del agua y da legitimidad al uso de la técnica de fracking.

Falta añadir a la lista de consecuencias de la RE los despidos que desde el 1° de enero comenzó a hacer PEMEX dejando en las calles a 10 mil trabajadores, y se preveen 60 mil despidos más en los próximos meses de trabajadores sindicalizados.

Daño ambiental

Muchos son los empresarios capitalistas que esperan empezar -y muchos otros lo han hecho- la construcción de infraestructura para sus megaproyectos, generando un entorno de violencia, despojo y preocupación por el avance de los capitales sobre el ambiente. El impacto sobre éste se observa desde la contaminación de ríos y océanos, destrucción de bosques, afectación a la biodiversidad, hasta la liberación de gases contaminantes a la atmósfera.

Un megaproyecto que tendrá fuerte impacto sobre el agua y la atmósfera, es la construcción de pozos petrolíferos con el uso del fracking para la extracción del gas shale.  El fracking -que ya se ha prohibido en países como Francia y Bulgaria  y a nivel local en España, Australia, Argentina y EEUU.- requiere por cada pozo de 9 a 29 millones de litros de agua y en México se planea aplicar en 20 mil pozos en zonas donde el acceso al agua no está garantizado para los pobladores, como en Coahuila. Además hay evidencia de la contaminación de agua que genera [6] ya que el agua que se inyecta al pozo lleva más de 2,500 productos y 750 tipos diferentes de químicos que han sido relacionados con mutaciones y cáncer, afección del sistema endócrino  y  nervioso, y alergias.

La emisión de gases contaminantes a la atmósfera, como el gas metano, es otra de las consecuencias de la extracción, procesamiento, almacenamiento y distribución del gas shale. El metano, uno de los principales gases involucrados en el calentamiento global, representa el 90% del escape de los gases, teniendo un escape superior en 30% al de los proyectos de extracción de gas natural convencional.

Al gobierno no le “preocupa” el hecho de que esas empresas, como British Petroleum -inglesa- y Exxon -yanqui-, sean las responsables directas de la contaminación de los mares y ecosistemas marinos expuestos a grandes cantidades de petróleo crudo constantemente derramado en los procesos de exploración y transporte.

Por otro lado, la minería con sus métodos extractivos -como minería a cielo abierto- es una amenaza a sus trabajadores y al ambiente pues realiza constantemente la liberación y el drenaje de metales pesados y sustancias tóxicas que desembocan en ríos u otros cuerpos de agua dañando flora y fauna.

El derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi por parte de la mina Buenavista en agosto del 2014, de Grupo México que dirige Germán Larrea Mota [7], generó la muerte de ganado y contaminación de los ríos, resultado del caso omiso que este empresario hizo a los avisos sobre las fallas técnicas de la represa donde estaba el tóxico.

Otro daño ambiental es la tala y destrucción de grandes áreas de bosques y selvas; se da por la construcción de represas y carreteras tanto para poder ajustar el cause de los ríos en las primeras, como para abrir caminos en las segundas.

La lista de los megaproyectos en México es larga y quién mejor para saberlo que la misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) quien ha sido la encargada de dejar pasar los megaproyectos vía concesiones. Un caso fue en 2007 cuando SEMARNAT aprobó dos megaproyectos turísticos, Marina Careyes y la Tambora a un lado de la reserva de la biosfera Chamela—Cuixmala en Jalisco- sin reconocer los daños ambientales a la zona y poco le importó que ésta es una de las 10 áreas ecológicas más importantes del país para mantener la biodiversidad .

Represión y Resistencia

Además de las devastadoras consecuencias ecológicas, el avance de las políticas de Peña Nieto se ha reforzado con el aumento en la persecución y represión de los grupos que se oponen, principalmente campesinos y comunidades en resistencia.

El favor de Peña Nieto a los grandes empresarios también se observa en la reciente creación de la Gendarmería Nacional encargada de resguardar los negocios de los grandes empresarios para que ellos puedan establecerse con la seguridad de que sus negocios no van a ser perturbados por grupos “opositores”.

Estos grupos opositores actualmente expresan un escenario de mayor conflictividad y antagonismo. Mientras que los expropiadores consideran tales conflictos como una disputa por los recursos naturales, los expropiados los consideran una lucha por el agua, los bosques y los elementos básicos para la reproducción de la vida y su actividad económica en el campo. Esta resistencia se expresa en diversos procesos organizativos.

Como ejemplos, el 2015 inicia con la resistencia de más de 6,200 ejidatarios de Morelos que desde mediados del 2012 están luchando contra la construcción de dos termoeléctricas en Huexca, que amenazan acabar con toda el agua que se utiliza para el riego y el consumo humano. Por otro lado, se han realizado encuentros internacionales contra las presas y mineras, como el del Movimiento de Afectados Por la Defensa de los Ríos en agosto pasado que reunió a 600 personas de 55 municipios, 11 estados y 13 países.

El municipio de Ollintla, Puebla, es uno de los pocos que ha logrado echar a Grupo México frenando un proyecto en Ignacio Zaragoza, a base de la coordinación de la defensa del territorio y las acciones de rechazo impulsadas por el Consejo Tiyat Tlalli. También en 2001 el (FPDT) logró detener la construcción de un aeropuerto en Atenco, estado de México, a pesar de que el gobierno panista con el afán de imponer el megaproyecto recurrió al encarcelamiento, tortura y violación de decenas de mujeres.  Estos son solo algunos ejemplos de la resistencia en curso a los “megaproyectos”.

La lucha contra el imperialismo, el despojo y la destrucción ambiental

La aplicación de las reformas estructurales (REs) y el aumento de los megaproyectos abren la posibilidad de próximos escenarios de lucha y resistencia en las comunidades despojadas y afectadas. Sin embargo no sólo las comunidades están sufriendo la embestida sino que también han afectado a grandes capas de la clase trabajadora, como se expresó con los despidos recientes en PEMEX.

La lucha contra la contaminación y la explotación de nuestros recursos naturales de manera salvaje debe expresarse como una lucha contra los que generan esta contaminación y esta explotación, contra el imperialismo. La lucha del trabajador por su emancipación y contra la explotación del capitalista debe ser de igual manera la lucha por la defensa de nuestros recursos naturales que de igual manera nos son arrebatados. Así, si los mineros se van a huelga por aumento salarial, también deberían incorporar como demanda -con el apoyo del campesinado pobre y los pueblos originarios despojados- por  el derrame de químicos a los ríos.

Los trabajadores, los campesinos y las comunidades y pueblos despojados tienen un enemigo en común, por eso su lucha debe ser una sola, atacando las bases del capitalismo, que es la propiedad privada de los medios de producción. En esta tarea el trabajador juega el rol central para triunfar. Esto implica una discusión con otros teóricos como el ya mencionado David Harvey, para quién, bajo su visión del “nuevo” imperialismo, deja de considerar al trabajador como central en la lucha de clases y diluye su papel revolucionario con otros sujetos que para él serían significativos. Posturas como ésta presentan profundos límites para proporcionar una estrategia que apunte a cambiar de raíz las condiciones de vida de los despojados y los explotados.  Es vigente la lucha contra la lógica de producción capitalista que mercantiliza la fuerza de trabajo y la naturaleza. Al contrario de los que sostienen que la forma de producción capitalista puede seguir frente a los retos tanto ambientales como sociales que presenta, las crisis recurrentes del sistema evidencian que la lógica cortoplacista del capital, su actividad anárquica y el uso de la técnica deben ser cambiados por una producción que no sea al servicio de la ganancia sino de la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

A propósito, Trotsky sostenía que “para liberar a la técnica de la intriga de los intereses privados y colocar al gobierno al servicio de la sociedad es necesario expropiar a los expropiadores” (Trotsky, L.: 1939). Es decir, si queremos que el uso de la tecnología responda a los de abajo, es imprescindible arrebatarla de los que la poseen y la utilizan para acrecentar sus ganancias.

Notas

[1]En su esquema teórico, Harvey señala que la  forma dominante del neoliberalismo es la acumulación por desposesión, así como el surgimiento de otras esferas de despojo (como el  conocimiento, vivienda, educación, salud y servicios públicos).  Sin embargo Harvey deja de lado que un aspecto central de la época neoliberal fue la restauración del capitalismo en la URSS y en Europa del Este de donde se extrajo mucha fuerza de trabajo.

[2] Solo a manera de ejemplo, en  Brasil el gobierno “progresista”  es el segundo país con mayor numero de proyectos de infraestructura en AL y sus hidrocarburos pertenecen a empresas privadas extranjeras. Mientras, en Bolivia, Evo Morales buscó imponer con represión la construcción de una megaobra vial con inversión privada en territorio de 63 comunidades indígenas lo que derivó en el conflicto del TIPNIS . [3] Debido a la crisis económica que atraviesa México acentuada por la caída en el precio del petróleo, el 29 de enero Luis Videagaray, secretario de Hacienda, anunció recortes al gasto público para el 2015 que contemplan la anulación de algunos proyectos de infraestructura. Esto pone seriamente en duda la realización de proyectos como el nuevo aeropuerto de la Ciudad De México y el tren México-Querétaro.

[4] La alianza del gobierno con los capitalistas se evidencia en la reciente aprobación de la reforma agraria que debilita el derecho a la tierra de grupos colectivos, ejidatarios y comunidades.

[5] Tomado de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° artículo transitorio.  Enero, 2015

[6] En Estados Unidos se han documentado más de 1,000 casos de contaminación de fuentes de agua cerca de donde se perforan los pozos para la extracción de gas de esquisto.

[7] La fortuna de Germán Larrea, el tercer empresario más rico de México está calculada, según Forbes, en 15,700 millones de dólares. Pero esta fortuna tiene detrás no sólo ya un expediente de daño ambiental sino la explotación de sus trabajadores puestos a trabajar en condiciones de inseguridad. Pasta de Conchos en Coahuila es un ejemplo de eso, donde la explosión en la mina dejó a 65 obreros atrapados a más de 700 metros de profundidad y decenas de mineros muertos. Del 2006 a la fecha son 195 los mineros fallecidos en México según la contabilización de la Promotora para el Desarrollo Minero (PRODEMI).

Fuentes

Trotsky, León: “El Marxismo y nuestra época” en Cuadernos de formación marxista, Ediciones Internacionals Sedov, 1939.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, varias ediciones, 2015.

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