En torno al debate sobre el Fin de Ciclo de los gobiernos progresistas

PABLO OPRINARI

Uno de los debates políticos que cruza a la izquierda y la intelectualidad latinoamericana es sobre el curso de los gobiernos posneoliberales, también llamados “progresistas”, debate que en México se articuló -especialmente a partir de la reciente coyuntura electoral- con la discusión en torno al Morena de López Obrador.

En una columna reciente, Massimo Modonesi -quien propuso antes una interpretación crítica del “fin de la etapa hegemónica del ciclo” de estos gobiernos- interpela el discurso que Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia realizó en el Encuentro Latinoamericano Progresista. Y plantea que, por detrás de la defensa a ultranza que realiza García Linera, está una “intelectualidad de partido” disciplinada y acrítica de los gobiernos de Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y otros países del cono sur.

Más alla de discutir posteriormente la identidad que Massimo Modonesi establece entre una “intelectualidad de partido y disciplinada” y el ser acrítica y seguidista, es importante retomar este debate e ir más allá en la crítica a quienes apoyan a estos gobiernos, que accedieron al poder capitalizando la ola de los procesos de movilización y protesta social de inicios del siglo XX, y cuya política se centró en reformar el orden existente.

García Linera presenta un discurso que no por virulento es nuevo. Después de descalificar a lo que llama izquierda de cafetín repite el viejo discurso de “los extremos se tocan”, pretendiendo que en aquella están “los corifeos de la ofensiva imperialista contra los gobiernos progresistas” y que le hacen el juego a la derecha.

Quienes antes ignoraban que existiera una extrema izquierda que los cuestionara -“a nuestra izquierda solo está la pared” acuñó el kirchnerismo argentino-, hacen un desplazamiento en su argumento, pretendiendo que lo que está a su izquierda, está en realidad a su derecha.

Este desplazamiento es justamente el reconocimiento del fin de ciclo y de la crisis que esto provoca en estos apologistas. Si antes se sentían fuertes para pretender invisibilizar las críticas desde la izquierda, hoy, cuando los vientos cambian, en lugar de buscar las causas del descontento social y la movilización obrera y popular en los límites del “proyecto”, pretenden culpar de ello a quienes los cuestionan desde la izquierda. Y para eso, qué mejor que sacar del viejo desván de los argumentos reaccionarios y macartistas la acusación infundada de que aquella le hace el caldo gordo a la derecha.

Progresismo y socialismo

Uno de los argumentos que García Linera repite hasta el cansancio es que los críticos a los que se refiere, le exigen a los gobiernos que él define como “revolucionarios”, “instaurar en una semana el comunismo”.

Así como sería incorrecto identificar la realidad del Cono Sur latinoamericano con la perspectiva abiertamente reaccionaria que busca el imperialismo, el hecho es que el programa y los actos de los distintos progresismos latinoamericanos estuvieron lejos de una perspectiva revolucionaria o comunista.

En ese sentido, más que identificar estas experiencias con las dificultades de una construcción alternativa al capitalismo, habría que desmitificarlos y definir claramente su carácter de clase. Como plantea un artículo de Eduardo Molina, su “función histórica (la de estos gobiernos)… no es transformar el orden social del capitalismo dependiente latinoamericano, sino preservarlo y “actualizarlo” mediante reformas parciales.”.Otro aspecto fundamental, para establecer si es correcta o no la definición de “revolucionarios” que proponen García Linera y otros, es considerar las relaciones con el imperialismo, y si cambió sustancialmente el caracter dependiente de estos países y la expoliación por parte de las trasnacionales imperialistas.

El ciclo de estos gobiernos -en sus distintas variantes, que las hay y cuyo análisis puede encontrarse aquí– se extendió basado en un momento económico favorable en el terreno de la exportación de materias primas y en las consecuencias internas que eso permitió. Sobre lo cual actuó el otorgamiento de determinadas concesiones democráticas y una política económica y social que rastreó sus huellas en el desarrollismo latinoamericano -aunque visto retrospectivamente, y a la luz de la comparación con aquel esquema económico, estuvo lejos de hallarlas-, todo lo cual les permitió generar una amplia base de apoyo social.

En ese sentido resulta interesante considerar la experiencia de lo que podría definirse como el progresismo latinoamericano más avanzado del siglo XX. Nos referimos al cardenismo mexicano, que en su momento de ascenso lanzó una serie de medidas reformistas así como la expropiación petrolera.

El gobierno de Lázaro Cárdenas, aunque con un discurso socializante, una enorme popularidad y medidas puntuales de enfrentamiento al imperialismo, tuvo una práctica que no lo sustrajo del cauce del nacionalismo burgués.

Afirmar esto no implicaba desconocer sus diferencias respecto a los gobiernos de otros estados capitalistas en múltiples aspectos, o dejar de lado que acciones como la expropiación del ´38 eran “medidas de defensa nacional altamente progresistas”,. llevadas adelante por lo que León Trotsky definió, durante su exilio en México, como un bonapartismo sui generis, en el cual El gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado … Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases … maniobrando con el proletariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros. La actual política se ubica en la segunda alternativa; sus mayores conquistas son la expropiación de los ferrocarriles y las compañías petroleras”.

Pero sí implicaba definir claramente su caracter de clase y la política nacionalista burguesa que se desprendía del mismo, y que era distinto a una perspectiva socialista. El carácter de clase del cardenismo se expresó en que actuó fortaleciendo la subordinación de las organizaciones obreras y campesinas al Estado burgués, afianzando los cimientos del mismo; algo similar podría decirse de su casi contemporáneo, el peronismo argentino. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) surgió alineada con el gobierno de Lázaro Cárdenas, y en la misma Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez lograron predominar su liderazgo, y subordinaron a las alas vinculadas al Partido Comunista. La incorporación de la CTM y las organizaciones campesinas al nuevo Partido de la Revolución Mexicana (PRM), en 1938, consumó su disciplinamiento al partido de la burguesía nacional. Ello perdura al día de hoy y fue el pilar de las largas décadas de reinado del PRI, el sucesor del PRM.

La consecuencia también fue que, bajo los gobiernos posteriores, las reformas realizadas -incluyendo las mencionadas medidas nacionalistas de Cárdenas-, retrocedieron indefectiblemente, al mantenerse en pie el sistema capitalista y el régimen político de turno. Hay que decir que el movimiento pendular de izquierda a derecha empezó en el último periodo de Cárdenas, quien terminó definiendo como sucesor -y contra la candidatura de Francisco Múgica, ala izquierda de su administración-, a Manuel Ávila Camacho que impulsaría un anunciado curso conservador.

Las analogías y similitudes que existen con la dinámica de los progresismos del presente, se dan porque hay una lógica similar en los populismos latinoamericanos de ayer y de hoy, de sus límites de clase, de sus verdaderos programas más allá de los dichos y entredichos de sus intelectuales, y de su intención de encauzar las movilizaciones y la protesta social emergente.

En ese contexto, no podemos dejar de mencionar que en la experiencia de los gobiernos posneoliberales actuales no pueden encontrarse medidas concretas que repliquen o se acerquen siquiera, al calibre de las que llevó adelante Cárdenas.

Y es que durante los últimos 15 años de gobiernos nacionalistas y progresistas, no cambió el caracter dependiente del imperialismo de estos paises. En ningún caso se avanzó en la ruptura con el capital trasnacional ni se tomaron medidas como la nacionalización plena y efectiva de los recursos naturales o la reforma agraria. La deuda externa, mecanismo fundamental de la expoliación imperialista en América Latina, creció y se pagó puntualmente por parte de todos estos gobiernos que actuaron como verdaderos pagadores seriales. En países como Argentina creció la extranjerización de la económia y la venta de recursos naturales, en otros como Brasil aumentó la dependencia del capital financiero. En aquellos cuyos gobiernos asumieron un corte más nacionalista -como Bolivia , Venezuela o Ecuador- y que en el caso del chavismo tuvo mayores roces con el imperialismo yankee, se buscó una renegociación con las transnacionales para recuperar parte de la renta petrolera, pero sin alterar la asociación con el capital extranjero, y se mantuvo un capitalismo de tipo rentístico y dependiente.

En cuanto al momento actual, está signado por el agotamiento de las condiciones internacionales que hicieron posible su auge y ascenso, y la respuesta a eso es una “moderación” creciente, desde dentro, de los gobiernos posneoliberales. Frente a quienes presentan la situación actual como definida esencialmente por la confrontación entre la derecha proimperialista y el progresismo, el “fin de ciclo” se viene expresando no sólo en la revitalización de las fuerzas políticas conservadoras. Sino también en el giro a derecha de los mencionados gobiernos, que buscan garantizar su continuidad como administradores de una situación económica más crítica, en medio de crisis y tensiones políticas -desde Brasil y Chile hasta Venezuela-. Y, cuestión muy importante que los defensores e ideologos como García Linera omiten o descalifican por igual, en la reaparición, desigual pero innegable, de fenómenos de politización y procesos de la lucha de clases en los últimos 3 años en los paises gobernados por el progresismo, que está marcando el ocaso del ciclo y puede estar anunciando nuevas y futuras convulsiones politicas y sociales.

México, antineoliberalismo y progresismo

La discusión en México es, en cierta medida, una refracción, con sus particularidades, del debate sobre el progresismo latinoamericano.

La principal figura del “antineoliberalismo” en el país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sostiene desde hace años una perspectiva de humanización del capital y de democratización del régimen político, centrada en una estrategia de “resistencia civil y pacífica” que hoy hace eje en la lucha contra la corrupción y por la “austeridad republicana”.

Su programa más reciente retomó cuestiones tales como aumentar la matricula educativa, reglamentar los megaproyectos, y se ha diferenciado de los demás partidos del régimen, el PRI, PAN, PRD y sus satélites, criticando los aspectos más reaccionarios de su política y desplegando un discurso de oposición a lo que denomina como la mafia en el poder.

Esto, mientras no saca los “pies del plato” respecto al sistema económico y social capitalista, y realiza actos para mostrar su carácter responsable, como la reciente visita al Papa, al cual le enfatizó que su lucha es pacífica.

En ese contexto, en las recientes elecciones el Morena logró capitalizar electoralmente el descontento de franjas de trabajadores y jóvenes con los partidos tradicionales, al que ven y en quien confían como una alternativa de oposición, y se convirtió en la cuarta fuerza a nivel nacional y la primera en la ciudad de México.

Muchos de los intelectuales afines a él, se identifican con la experiencia del posneoliberalismo latinoamericano, y buscan establecer vasos comunicantes entre éste y la posible dinámica del lopezobradorismo. Es el caso de John Ackerman, uno de los principales ideólogos del progresismo mexicano, quien en su libro México el mito de la transición democrática, plantea “México se encuentra frente a una disyuntiva histórica. Seguirá el ejemplo de los países latinoamericanos que han logrado encauzar políticamente el descontento social generado por décadas de corrupción, conflictos de interés y políticas neoliberales?” (p. 265/266).

Y dice “Quizá la equivocación más importante del ciclo pasado fue la incapacidad de articular acciones y estrategias entre las fuerzas sociales y las fuerzas partidistas de la oposición… Los ejemplos de Grecia, España, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela demuestran que sólo se puede acumular suficiente fuerza social para derrotar a los poderes fácticos cuando se establece una clara articulación entre los movimientos populares y los ciudadanos dispuestos a competir por cargos de elección popular.” (p.23). Ackerman vuelve sobre lo que planteó repetidas veces previo a las elecciones: el movimiento por Ayotzinapa debía confluir con el Morena, esto es, apoyarlo electoralmente y no sostener una postura independiente. En los hechos, articular con “los ciudadanos dispuestos a competir por cargos…” significa hoy prepararse para apoyar a López Obrador en el 2018.

Ante esto, es clave discutir si la política de AMLO dará una respuesta favorable a las aspiraciones de los “movimientos populares” a los que se refiere Ackerman: esto es, de los cientos de miles que se movilizaron por Ayotzinapa y contra el estado asesino, de los trabajadores que enfrentan la explotación y precarización laboral, de la juventud que no puede acceder a la educación y sufre la militarización y la represión.

Sin embargo, hay que decir que no se pueden responder a estas demandas acuciantes sin atacar la dominación imperialista, sin dejar de pagar la deuda externa, sin romper la subordinación a las políticas económicas, diplomáticas y en materia de seguridad, sin cortar la dependencia al vecino del norte, que provoca fenómenos aberrantes como cientos de miles de muertos, desaparecidos, feminicidios, redes de trata. Para ello hay que luchar por derrotar al régimen de la democracia asesina del PRI-PAN-PRD y la dominación de EE.UU.

En ese sentido, ir detrás de López Obrador, no resolverá las aspiraciones de la población trabajadora y terminará subordinando al movimiento obrero y popular a una dirección política cuya estrategia es reformar este sistema de explotación y miseria.

Si el debate en México, como dice Modonesi, se intensificó en la reciente coyuntura electoral, fue porque lo que está en discusión es qué estrategia política asumirá la nueva generación que se mostró en las movilizaciones de los últimos años, y que en el movimiento por los 43 empezó a cuestionar a los partidos del régimen y al mismo estado. El debate, en ese sentido, es anticipatorio y asume un caracter no sólo político, sino estratégico.

El ejemplo de los países que menciona Ackerman es un espejo para el México que se viene: los levantamientos y movilizaciones de inicios de siglo fueron capitalizados por estos gobiernos, que (como dice JA) “encauzaron la protesta social”, esto es, evitaron que cuestionara radicalmente el orden existente.

En el caso de México, una eventual llegada de AMLO a la presidencia en el 2018 no solo no resolverá las demandas obreras y populares, sino que enfrentaría condiciones que podrían cuestionar la misma posibilidad de asumir un curso similar a los gobiernos “progresistas”.

Por una parte, porque se daría cuando ya está agotado el ciclo que posibilitó el surgimiento de esos gobiernos en la región.

Por otro lado, porque el destino de México está cruzado por la enorme subordinación al vecino del norte, con el que se comparten 3200 kilómetros de frontera y un enorme flujo de comercio de mercancías legales e ilegales, así como profundos problemas estructurales -como el narcotráfico y la colusión entre el mismo y el estado-.

Todo eso le pone grandes límites a una política reformista y antineoliberal como la de AMLO. Pone en cuestión que un gobierno que respete los marcos del sistema capitalista y su régimen político, cuente con margen para un “juego propio” frente al imperialismo, las transnacionales y fenómenos como los carteles del narcotráfico.

En ese sentido, más que el camino del reformismo lopezobradorista, la única salida posible pasa por una perspectiva revolucionaria que enfrente radicalmente esta situación. Que se plantee la ruptura lisa y llana con el imperialismo, que desconozca todos los pactos y acuerdos que nos atan a los Estados Unidos (empezando por la deuda externa), y que basada en la movilización y la auto organización de las masas trabajadoras expropie a los capitalistas y trasnacionales y ataque al poder del narco.

Se trata entonces de construir una alternativa de clase, socialista y revolucionaria, que busquen articular una poderosa alianza de las clases oprimidas y explotadas, bajo una estrategia que apunte a conquistar un gobierno de la clase obrera y el pueblo. Sujetos de ello deben ser los trabajadores que en México salen a luchar contra las reformas estructurales, como el magisterio; aquellos que en sus lugares de trabajo comienzan a organizarse de forma independiente a las direcciones sindicales “opositoras” -como entre los trabajadores universitarios o telefonistas-; o las nuevas fuerzas que surgen, incipientemente, en el proletariado industrial, con difíciles luchas contra el charrismo y la patronal, desde Chihuahua hasta Jalisco y Tlaxcala. Asimismo, deben serlo también los jóvenes y estudiantes que desde el año 2012 para aquí, han protagonizado grandes movilizaciones y procesos de organización democrática, como la reciente lucha por la aparición de los 43 normalistas.

Al calor de construir esa herramienta política, hay que debatir las experiencias de la lucha de clases y la política latinoamericana durante los últimos 15 años, y extraer lecciones para que las actuales generaciones abracen la lucha por la revolución socialista.

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